La Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción, entre otras organizaciones, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que lleve a cabo una investigación “inmediata, efectiva, imparcial y exhaustiva” sobre “el cruel ataque” a un grupo de personas migrantes ocurrido en Sáric, Sonora, el pasado 15 de febrero, en el que fueron asesinadas dos mujeres y un niño de cuatro años de edad, provenientes de Perú y Ecuador, y otras 10 personas resultaron heridas.
“La falta de medidas de prevención y la impunidad permiten que las masacres de migrantes sigan siendo realidad”, reprocharon.
En un posicionamiento público, demandaron igualmente que las autoridades brinden “información exacta sobre el número y nacionalidad de las víctimas fallecidas, lesionadas y desaparecidas”. Lo anterior, debido a que mientras la asociación civil estadunidense 1800 Migrante -que dio a conocer el hecho-, dijo que la agresión fue una masacre en la que al parecer perecieron más de 50 personas; ayer, el fiscal de Sonora, Gustavo Salas, señaló que lo anterior “es totalmente falso”.
Las organizaciones citaron el testimonio de Carlos, brindado a 1800 Migrantes, quien narró cómo fue el ataque: “Primero sentimos que un auto nos chocó por la parte de atrás y el golpe nos sacó del camino, nos lanzó a un pequeño barranco, luego de eso, prendieron unas luces y unos hombres se bajaron y empezaron los balazos, eran ráfagas de metralleta… Luego llegaron las dos camionetas y también les cayeron a tiros, fue algo espantoso mirar todo esto… Estaban vestidos con uniformes militares de color azul, usaban armas de guerra y también utilizaron lanzagranadas o lanza misiles (no se bien el nombre) desde esa camioneta que atacó a los autos”.
Ante ello, demandaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realice una investigación oficiosa de los hechos y la determinación “de la responsabilidad del Estado en las graves violaciones a derechos humanos cometidas, en relación a la masacre y a la falta de prevención de la misma”.
Igualmente pidieron atención médica, sicológica y legal debida a las víctimas y sus familiares, garantizando el derecho de los sobrevivientes a migrar y solicitar asilo, en caso de ser su deseo, y la utilización del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, para la articulación correspondiente con los países de origen de las víctimas y sus familiares.